“Estamos al borde de un gravísimo colapso”, anticipó el fiscal Diego López Ávila. “La situación que estamos viviendo es una prueba que no se hizo nada en los dos últimos años”, agregó la fiscala Adriana Giannoni. Ambos fueron los autores de un hábeas corpus presentado y fallado por la Corte Suprema de Justicia de la provincia por la crisis carcelaria en 2015. Hace unos meses, después de un motín en la seccional 11ª, se descubrió que había alrededor de 700 personas alojadas en esos arrestos. Actualmente y con la aplicación de la nueva ley contra motochorros, “rompevidrios” y escruchantes, la cifra de personas que están alojadas en las dependencias policiales de toda la provincia asciende a 944, cuando la capacidad máxima es de 380.

En los últimos 35 días, según confirmaron fuentes judiciales, sólo en el Centro Judicial Capital los jueces de instrucción ordenaron que unas 233 personas queden tras las rejas. El crecimiento tiene que ver con la aplicación que fue impulsada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, apoyada por la Corte, aprobada por la Legislatura y promulgada por el gobernador Juan Manzur.

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Giannoni, fue la última fiscala en tener un turno de 10 días sin la nueva ley y por eso sólo logró que se le dictara la prisión preventiva a 22 acusados. Le siguió Washignton Navarro Dávila, quien quedó en la historia al ser el primero en aplicar la nueva norma. A pesar de que no lo hizo desde el primer día, pidió que quedaran detenidos 60 personas, poco más de 40 por ese delito.

María del Carmen Reuter, que fue la única en completar un turno con esta ley, pidió la detención de 111 acusados de haber cometido diferentes delitos. Pese a que aún no vencieron los plazos, estaría en condiciones de solicitar la prisión preventiva de unos 87 acusados por haber cometido los delitos previstos en la nueva norma.

Giannoni, que se encuentra subrogando la fiscalía XI, al quinto día de turno ya cuenta con 30 detenidos y hasta el cierre de esta edición esperaba que un juez le confirmara la suerte procesal de otros 11 arrestados. En este caso, también llegaba casi al 80% de acusados de los robos que estipula la nueva ley.

En todos lados

Con estos números, las comisarías volvieron a colapsar. En las cuatro unidades regionales hay hacinamiento. En la Capital, que tiene capacidad para 190 presos, hay alojadas 434. Por ese motivo, de manera provisoria se estarían utilizando los arrestos de la seccional 11ª y de la ex Brigada de Investigaciones que habían sido clausurados semanas atrás.

El colapso de los calabazos de la Capital se hizo sentir en las otras regionales. En la Este, por ejemplo, hay 159 detenidos, cuando pueden albergar 50. En el Sur hay 98, y tiene capacidad para 60. En la Oeste se encuentran 79 personas privadas de libertad y sólo hay lugar para 20. Por último, en la Norte, que puede recibir 50, hay 168.

Návarro Dávila confirmó que hubo detenidos que fueron trasladados a las comisarías de Monteros (fue clausurada el jueves por un motín de presos de la capital que exigían el traslado a esta ciudad), Tafí del Valle y hasta Amaicha del Valle. “La responsabilidad de ubicar a los detenidos es del Poder Ejecutivo. A través de un oficio, pedimos que sean alojados en el penal de Villa Urquiza y si no lo pueden recibir, que se haga cargo el jefe de Policía”, indicó.

Los traslados al interior generaron problemas inesperados por las autoridades. Los familiares se quejan porque perdieron el contacto con los detenidos y los empleados judiciales sufren con los traslados. “El trabajo en las fiscalías se complicó considerablemente. Antes se requería la detención de un detenido y a los pocos minutos llegaban. Ahora a muchos hay que buscarlos en localidades del interior lo que significa en demoras de varias horas y utilización de recursos que se desvían de la prevención”, indicó el secretario de una fiscalía.

Un problema

“Tendremos que reunirnos cuanto antes para poder qué alternativas se pueden utilizar para solucionar esta crisis. Desde hace casi tres años que se planteó el problema y nadie quiso escuchar y mucho menos, solucionar”, indicó Giannoni. “Ahora -agregó- estamos investigando versiones que los detenidos son esposados en oficinas de las dependencias por la falta de lugar. Eso es una falta muy grave”, concluyó.

López Ávila se mostró preocupado por lo que puede pasar en el futuro si es que no se actúa pronto. “El panorama es muy serio y no veo que se esté buscando una solución inmediata. Puede ocurrir algo muy grave. El hábeas corpus presentado no sólo fue a favor de los presos, sino que también buscábamos protección para los policías y los vecinos. Los uniformados están sobrepasados por la cantidad de reclusos. Y los vecinos que viven cerca de las dependencias viven con terror ante una posible fuga masiva”, indicó.